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Proyecto de ley en La Pampa: buscan sancionar a padres por violencia escolar de sus hijos

La diputada provincial Celeste Rivas (PRO) presentó un proyecto de ley en La Pampa para reformar el Código Contravencional (Ley N° 3151), con el objetivo de imputar y sancionar a los adultos responsables (padres o tutores) de menores que incurran en violencia escolar, acoso o bullying. La iniciativa se centra en la figura de la «omisión del deber de cuidado, orientación y vigilancia» por parte de los adultos.


Enfoque y Justificación del Proyecto

El proyecto de Rivas busca generar una responsabilidad directa en el entorno familiar cuando la conducta agresiva del menor provoque daño físico, psicológico o emocional en cualquier ámbito educativo, social o deportivo.

La legisladora fundamentó la urgencia del cambio en el aumento de la violencia y en datos preocupantes, señalando que «el 31% de los estudiantes [en La Pampa] afirman haberse sentido discriminados en las escuelas» (según Argentinos por la Educación). Rivas argumentó que los programas preventivos y protocolos escolares actuales «no alcanzan», y que la responsabilidad primaria de educar y supervisar recae en los padres o tutores.


Mecanismo de Intervención y Posibles Sanciones

El proyecto establece un mecanismo de actuación escalonado para involucrar al ámbito judicial:

  1. Intervención Escolar: Los directivos escolares deben aplicar primero los protocolos de actuación vigentes tras detectar el caso de violencia.
  2. Derivación Judicial: Si los adultos responsables del menor agresor no participan en las soluciones o incumplen los compromisos asumidos, la escuela deberá dar intervención al Juzgado Contravencional.

De confirmarse judicialmente la omisión del deber de cuidado por parte de los adultos, estos podrán ser sancionados con penas de trabajo comunitario y/o multa. La propuesta busca, en esencia, evitar que la carga de la solución de la violencia escolar recaiga solo en las instituciones educativas y los docentes.

$1.200.000 «en negro» por mes: Diputada del PRO en la Pampa, admite que usa gastos reservados para pagar su alquiler y vehículo


Un nuevo escándalo sacude a la Legislatura pampeana tras las declaraciones de la diputada del PRO, Celeste Rivas, quien admitió públicamente que utiliza los millonarios gastos reservados para asuntos personales, como el pago de su alquiler y vehículo.

En una entrevista con Kermés, Rivas reveló que cada legislador recibe mensualmente cerca de $1.200.000 «en negro», una suma que no figura en el recibo de sueldo y de la cual no deben rendir cuentas. Acompañada por la diputada Noelia Viara, naturalizó la situación, afirmando que este dinero es utilizado para asistir a la comunidad o cubrir los gastos de traslado por la provincia.

La polémica se intensifica en un contexto de crisis social, donde el uso de estos fondos opacos vuelve a ser objeto de debate. Aunque la legisladora señaló que «no somos nosotras las que decidimos eso» y que no se puede rechazar el dinero, su colega Viara aclaró que no todos los diputados los usan de la misma manera. Un ejemplo que nombró es el del diputado Hipólito Altolaguirre, quien, según Viara, los destina a becas estudiantiles.

Estas declaraciones reavivan la discusión sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos, especialmente cuando dirigentes políticos que pregonan el ajuste no aplican la misma austeridad a sus propios beneficios.

Licitación de Medanito: Legisladora exige transparencia y análisis profundo

Andrea Valderrama Calvo, diputada de la UCR, insta a un debate responsable sobre el área hidrocarburífera, destacando la necesidad de claridad en regalías y beneficios para la provincia.

Santa Rosa, La Pampa – La diputada radical Andrea Valderrama Calvo, presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Legislatura, ha manifestado su preocupación por el tratamiento de la licitación del área Medanito, enfatizando la importancia de un debate «serio y detallado». En declaraciones radiales, la legisladora criticó la intención inicial de tratar el tema de manera apresurada y subrayó la necesidad de analizar a fondo el contrato, dado su impacto a largo plazo en la provincia.

Valderrama Calvo destacó que la concesión de Medanito vence en 2026, lo que permite un margen para el análisis. Sin embargo, criticó la falta de información inicial por parte del Ejecutivo, señalando que el informe con datos clave fue enviado recién en febrero. La diputada cuestionó la ausencia de un porcentaje definido de regalías en el proyecto y la variación en las cifras propuestas, subrayando la necesidad de conocer con precisión las reservas del yacimiento para garantizar el mejor beneficio para la provincia.

La legisladora anunció que la Comisión de Asuntos Agrarios convocará a reuniones con funcionarios y expertos para analizar el tema, antes de llevarlo a las comisiones de Hacienda y a un plenario. Insistió en la importancia de elaborar una ley con fundamentos sólidos, ya que la decisión afectará a la provincia durante los próximos 35 años.