La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso que el Gobierno nacional deberá brindar información detallada sobre el envío de oro de las reservas del Banco Central al exterior, revocando así un fallo de primera instancia que permitía mantener la operación bajo secreto. La decisión judicial surge tras un amparo presentado por la Asociación Bancaria, que exigía conocer los montos, el destino y las condiciones de los traslados de lingotes realizados desde junio de 2024. El tribunal determinó que la administración de estos activos constituye un asunto de «indudable interés público».
En su resolución, los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani sostuvieron que el Banco Central utilizó «afirmaciones genéricas» para negar el acceso a la información, sin fundamentar técnicamente cómo la difusión de los datos comprometería la seguridad del sistema financiero. Los magistrados remarcaron que la negativa es incompatible con los principios de publicidad y buena fe de los actos de gobierno, ordenando a la entidad que responda los requerimientos punto por punto o justifique circunstancialmente el peligro invocado.
El fallo se produce en medio del debate sobre la estrategia financiera oficial; mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la medida como una forma de obtener rendimientos de los activos, sectores de la oposición advirtieron sobre los riesgos de que la operación implique un «repo» o préstamo garantizado. En este contexto, el presidente Javier Milei ratificó el pago de vencimientos de deuda por 4.300 millones de dólares para el próximo 9 de enero, mencionando la existencia de ofertas de financiamiento por 7.000 millones de dólares.
