1. Preocupación por la implementación de la RTO:
- Impacto en la clase trabajadora: Los gremios denuncian que la implementación de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) genera una carga económica adicional para los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes utilizan sus vehículos como herramienta de trabajo y subsistencia.
- Dificultades para cumplir con los requisitos: La imposición de requisitos técnicos onerosos puede llevar a la exclusión social y económica de aquellos que no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con las nuevas normas.
2. Cuestionamientos a la legalidad y aplicación de la RTO:
- Contradicciones legales: Los gremios señalan contradicciones entre la ordenanza municipal y la legislación provincial, cuestionando la legalidad de la implementación de la RTO.
- Falta de claridad en la normativa: Existe incertidumbre sobre la aplicación de la normativa, tanto en términos geográficos (si abarca solo a residentes de Santa Rosa) como en relación a los vehículos que circulan por la ciudad de manera ocasional.
3. Pedido de explicaciones al gobierno provincial:
- Silencio oficial: Los gremios denuncian la falta de comunicación oficial por parte del gobierno provincial y solicitan explicaciones sobre la implementación de la RTO.
- Impacto social: Se exige al gobierno que evalúe el impacto social de esta medida y que brinde soluciones para aquellos que se vean afectados por la misma.
- Este es el comunicado dado a conocer por la Intersindical:
“Los gremios que integramos la mesa intersindical observamos con preocupación el avance, apatía y desinformación, con respecto a la implementación de la RTO, es importante destacar que muchas personas utilizan sus vehículos no solo como transporte sino como herramienta laboral y medio de subsistencia, recalcando también que este tipo de imposición confiscatoria tiene por destinatario a la clase trabajadora y menos pudiente de la sociedad.
La imposición de requisitos técnicos que pueden resultar onerosos y difíciles de cumplir para aquellos con menos recursos económicos, genera una carga adicional en estos días que puede llevar a la exclusión social y económica, al imponer obligaciones que no siempre son fáciles de afrontar, y que además pueden resultar en sanciones que agraven aún más la situación de vulnerabilidad de muchas familias.
Contradicción a la ley provincial, (de hecho hemos observado en las redes reconocidos profesionales del derecho llamar a la impugnación de la infracción), la no resuelta o extraña habilitación del taller monopólico responsable la revisión, tampoco es muy claro si la normativa es solo para residentes de Santa Rosa ya que hemos observado en estos días, controles en el lugar de recaudación preferido del municipio que es la Av. Perón a escasos metros del límite con la Ciudad de Toay, a sabiendas de la comunicación permanente de los ciudadanos de dicha comunidad con la Capital provincial quienes quedan de rehenes de esta norma, tampoco para aquellos incautos que circulen de paso de otras poblaciones o provincias.
Ante el silencio cómplice y la falta de una comunicación seria oficial, solicitamos al gobierno provincial se expida sobre este tema, explique a la ciudadanía si se puede adherir a medias a una ley provincial, la legalidad o no de esta ordenanza, el impacto de injusticia social que implica su aplicación y por último cómo debe actuar quien se encuentre en un operativo con esta desagradable imposición recaudatoria”.
