El Tribunal de Impugnación Penal ratifica la condena de Lázaro Muse por peculado y uso de documentos falsos, tras desestimar su recurso de impugnación y confirmar una pena de dos años de prisión en suspenso.
El 7 de febrero de 2025, el Tribunal de Impugnación Penal confirmó la condena de Pablo Emanuel Lázaro Muse, presidente de la Comisión de Fomento de Rucanelo, por los delitos de peculado y uso de documento privado falso. Esta decisión se basa en un fallo original emitido el 13 de junio de 2024 por el Tribunal de la Segunda Circunscripción Judicial, que ya había determinado la responsabilidad de Muse en la sustracción de fondos públicos. La investigación reveló que entre mayo de 2016 y septiembre de 2017, el exfuncionario presentó 266 facturas apócrifas, desviando un total de $3.465.769,50 mediante cheques «al portador» de la cuenta de la Comisión de Fomento en el Banco de La Pampa.
Durante el proceso, la defensa de Muse, representada por la Defensora Oficial María Soledad Trímboli, argumentó que la aplicación de la ley había sido errónea y que no existían pruebas que demostraran un perjuicio concreto a la administración pública. Sin embargo, los jueces Mauricio Piombi y Eugenia Schijvarger desestimaron estos argumentos, señalando que la documentación y los testimonios presentados durante el juicio, incluido un informe del Tribunal de Cuentas de la provincia, evidenciaban irregularidades en las rendiciones. Piombi destacó que, dada su posición, Muse no podía desconocer la falsedad de las facturas, ya que era responsable de firmar y presentar las rendiciones ante el organismo de control provincial.
La condena de Lázaro Muse, que incluye una pena de prisión en suspenso y una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, resalta la gravedad de las irregularidades en la administración de fondos públicos en la provincia. Este caso no es aislado, ya que el Tribunal de Cuentas ha detectado prácticas similares en otras comisiones de fomento, lo que ha llevado a múltiples investigaciones judiciales. Además, la sentencia impone restricciones de movilidad y la obligación de someterse al Ente de Políticas Socializadoras durante dos años. Muse tiene la opción de apelar esta decisión ante el Superior Tribunal de Justicia, lo que podría prolongar el proceso judicial.