El diputado Enrique Juan (Pro-MID) presentó un proyecto de ley para suprimir 563 de las 635 tasas retributivas de servicios, argumentando baja recaudación y alta complejidad operativa.
Santa Rosa, La Pampa – El diputado provincial Enrique Juan, integrante del bloque Pro-MID, ha presentado un proyecto de ley en la Legislatura pampeana que busca eliminar un significativo número de tasas retributivas de servicios del Gobierno provincial. La iniciativa propone suprimir 563 de las 635 tasas y subtasas vigentes, lo que representa el 88,7% del total.
Según explicó Juan, si bien se trata de un gran número de tasas, su impacto económico para el fisco es bajo. El legislador argumenta que las actuales tasas generan una «alta complejidad operativa» que no solo actúa como una barrera para la actividad económica, sino que también entorpece la labor del Estado al desviar recursos humanos y técnicos hacia el control, liquidación y gestión de cobros que, en muchos casos, resultan ineficientes. El objetivo es implementar un sistema más simple sin afectar la sostenibilidad fiscal ni comprometer el funcionamiento de los servicios públicos.
La iniciativa cuenta con el respaldo del resto de los legisladores del bloque: María Laura Trapaglia, Celeste Rivas, Matías Traba, Lucas Lazaric y Noelia Viara. «Este proyecto propone la eliminación de 563 tasas retributivas de servicios actualmente vigentes en el ámbito de la administración pública de la Provincia de La Pampa», reiteró Juan. Añadió que la medida busca «simplificar los procesos administrativos, mejorar la eficiencia tributaria y contribuir a un sistema más transparente, coherente y alineado con los principios de razonabilidad y equidad». El proyecto apunta a eliminar aquellas tasas que, «si bien fueron concebidas en su momento para cubrir servicios específicos, hoy ya no cumplen ese objetivo de manera efectiva ni guardan una relación funcional con los organismos que prestan dichos servicios».
Un aspecto central que justifica esta reforma, según el diputado, es la forma en que se gestiona actualmente la recaudación de estas tasas. Explicó que, en lugar de financiar directamente al organismo que presta el servicio correspondiente, el producido de estas tasas es derivado a una «caja común» administrada por la Dirección General de Rentas. Esto significa que los ingresos generados «no se destinan automáticamente a fortalecer, sostener o mejorar la prestación específica del servicio por el cual se cobra, sino que pasan a formar parte de un fondo general que es utilizado de manera discrecional por el Poder Ejecutivo». Juan sostiene que existe una «disociación entre el hecho imponible que justifica la tasa y el destino real de los recursos, lo que distorsiona el espíritu retributivo que debería regir este tipo de instrumentos».
Para el legislador, esta estructura tiene una doble consecuencia: «Por un lado, desde el punto de vista del contribuyente, se produce una falta de transparencia: se paga una tasa con la presunción de que financia un servicio determinado, cuando en la práctica esos fondos pueden estar siendo utilizados para fines completamente distintos». Por otro lado, desde la lógica del sistema estatal, «esta intermediación complica la trazabilidad del gasto, diluye la eficiencia administrativa y contribuye a una fragmentación tributaria innecesaria», lo que, a su juicio, «refuerza una estructura fiscal dispersa y poco funcional a los fines del desarrollo provincial».