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Concejales denuncian penalmente al intendente de 25 de Mayo: «nunca ha mostrado voluntad»

Edilas del MPV acusan a Leonel Monsalve de omisión de deberes de funcionario público. Solicitan a la Justicia que se investigue el caso.

25 de Mayo, La Pampa – Las concejalas del Movimiento Popular Veinticinqueño (MPV) Vanesa Mariel Sosa y Marianela Jaqueline Fernández presentaron una denuncia penal contra el intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, por no haber presentado su declaración jurada de bienes, a pesar de los reiterados pedidos realizados. La denuncia fue radicada este lunes en la Fiscalía local por presunta omisión de los deberes de funcionario público.

Según la denuncia, el intendente, que asumió el 10 de diciembre de 2023, «al día de la fecha ha omitido presentar su declaración jurada patrimonial en tiempo y forma», tal como lo establece el Artículo 81 de la Ley 1597 de Municipalidades y Comisiones de Fomento. Las concejalas argumentan que solicitaron la declaración jurada patrimonial mediante una nota enviada a la presidenta del Concejo Deliberante el 24 de abril de 2024, y que posteriormente consultaron si el intendente había cumplido con la presentación, obteniendo una respuesta negativa.

Las concejalas sostienen que el intendente, que fue concejal entre 2019 y 2023, no puede desconocer las obligaciones que establece la Ley 1597. Afirman que su conducta es «no cumplir con su obligación de funcionario público» y que su accionar resulta «abusivo», ya que «ante reiterados reclamos administrativos por parte de este Concejo Deliberante, nunca ha mostrado voluntad de querer presentar su declaración jurada». Por todo ello, consideran que su conducta tiene relevancia penal y solicitaron a la Justicia que se investigue el caso.

¡RTO en llamas! Tierno acusa penalmente a Ziliotto, Di Napoli y concejales por presuntas irregularidades.

Juan Carlos Tierno, líder de Comunidad Organizada, presentó una denuncia penal contra el intendente Luciano Di Nápoli, el gobernador Sergio Ziliotto y concejales por la implementación de la RTV, alegando que viola la Ley Provincial de Tránsito N° 1713.

Este jueves, Juan Carlos Tierno, titular de la organización política Comunidad Organizada, presentó una denuncia formal en la Seccional Tercera de Policía de Santa Rosa, solicitando una investigación penal por la implementación ilegal de la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en la capital pampeana. Tierno, ex Ministro de Seguridad y ex intendente de Santa Rosa, acusó al intendente Luciano Di Nápoli, al gobernador Sergio Ziliotto y a los concejales de aprobar la ordenanza N° 6977/2023, promulgada el 23 de noviembre de 2023, que otorga al municipio la potestad de implementar la RTV. Esta normativa, según Tierno, contraviene la Ley Provincial de Tránsito N° 1713, que establece que la RTV es competencia exclusiva de la provincia y no de los municipios. Además, denunció que la ordenanza fue aprobada sin consultar al Consejo Provincial de Tránsito, como exige la normativa vigente.

La denuncia también menciona un decreto firmado por el gobernador Ziliotto el 26 de diciembre de 2023, que autoriza al municipio a firmar un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para implementar la RTV, a pesar de que esta acción está prohibida por la ley provincial. Este decreto se emitió después de que la Asesoría Letrada del Gobierno Provincial emitiera un dictamen el 2 de octubre de 2023 (N° 249/23), en el que se aclara que la RTV es competencia exclusiva de la provincia. Tierno también señaló que el Comité Ejecutivo del Consejo Provincial de Tránsito, integrado por funcionarios clave, incumplió su deber de supervisar y evitar esta práctica ilegal, lo que ha generado perjuicios a los ciudadanos, como multas excesivas y la amenaza de retención de vehículos. Además, solicitó que los fiscales Mario Bongianino y Guillermo Sancho se aparten de la causa por un posible conflicto de intereses.

La denuncia busca esclarecer las responsabilidades de los funcionarios involucrados y determinar si se cometieron delitos en el proceso de implementación de la RTV. Tierno adjuntó documentos que respaldan su acusación, incluyendo la ley provincial, decretos reglamentarios y dictámenes de la Asesoría Letrada. Este caso pone en evidencia tensiones entre las competencias municipales y provinciales, así como la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes para evitar afectaciones a los ciudadanos. La investigación podría tener implicaciones significativas en la gestión del tránsito y la seguridad vial en la provincia.