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Continúa la ola nacional: Reclaman frente al Poder Judicial por las falsas denuncias

Esta mañana, el Grupo de Denuncias Falsas se manifestó frente al Poder Judicial de San Luis para exigir la liberación de Alfredo Serbila, un hombre detenido desde hace un año y seis meses bajo una acusación de abuso que, según los manifestantes, es falsa. La protesta, liderada por familiares y activistas, busca llamar la atención sobre las irregularidades en el caso y pedir una investigación exhaustiva. Silvia Scotti, integrante del grupo, y Sabrina Serbila, hija de Alfredo y representante del Frente Mujeres Argentinas, fueron voceras clave durante la movilización.


El Grupo de Denuncias Falsas, una organización que aboga por personas acusadas injustamente, se congregó frente al Poder Judicial para visibilizar el caso de Alfredo Serbila. Según los manifestantes, Serbila es víctima de una «causa armada» con múltiples irregularidades procesales. Silvia Scotti, miembro del grupo, declaró a Radio Cadena Popular: «Pedimos que se haga justicia, que se investigue. Creemos en la inocencia de Alfredo y queremos que esté libre».

Sabrina Serbila, hija de Alfredo y representante del Frente Mujeres Argentinas, detalló que su padre lleva más de un año y medio detenido. «Es una situación injusta. Hay pruebas que demuestran su inocencia, pero no se han tomado en cuenta», afirmó. Además, señaló que el caso presenta inconsistencias legales y que la defensa ha presentado recursos que aún no han sido resueltos.

El Grupo de Denuncias Falsas ha ganado visibilidad en los últimos años por su lucha contra lo que denominan «uso abusivo del sistema judicial» para perjudicar a personas inocentes. Según datos proporcionados por la organización, en los últimos cinco años se han registrado más de 500 casos de denuncias falsas en el país, muchos de los cuales han derivado en detenciones prolongadas sin pruebas contundentes.

Las manifestantes también destacaron la importancia de garantizar un proceso judicial justo y transparente, sin prejuicios mediáticos o presiones externas. «No estamos en contra de las víctimas reales de abuso, sino de aquellos que manipulan el sistema para dañar a otros», aclaró Scotti.

Debuta el ‘narcotest’ en San Luis: por Lotería, se harán exámenes de drogas a ministros, diputados y jueces

Será aplicada a un total de 1500 funcionarios y los sorteos serán de a 100. Qué sucederá si existe un análisis positivo.

Apartir del 17 de febrero, San Luis comenzará a aplicar un ‘narcotest’ a empleados de los tres poderes del Estado, una serie de exámenes toxicológicos contemplados en la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, que alcanzó, incluso, al gobernador Claudio Poggi.

Dicha ley se aprobó en noviembre del 2024 y será practicada a los 1500 funcionarios que forman parte del estado provincial. Cada uno tendrá un número y deberá estar atento a la Lotería local. En una primera tanda saldrán sorteados 100. El muestreo será realizado por la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis.

Los sorteos continuarán en las semanas venideras, donde también irán de 100 en 100 hasta que todos los funcionarios se realicen los análisis. El procedimiento consiste en una toma de orina. Incluso, la normativa establece que hasta el propio gobernador debe realizarlo. Tanto Poggi como su vicegobernador, Ricardo Endeiza, cumplieron con el trámite semanas atrás de manera voluntaria.

La reglamentación determina que los test serán de carácter obligatorio y se realizarán de manera anual y aleatoria con el objetivo de garantizar la transparencia en la selección de los funcionarios.

Claudio Poggi:
Claudio Poggi, gobernador de San Luis

En caso de que se detecte la presencia de sustancias ilegales, las autoridades correspondientes deberán aplicar medidas de contención y asistencia que incluyen licencias, la suspensión temporal de funciones, o incluso el cese en el cargo, dependiendo del caso y conforme a la legislación vigente y la Constitución provincial.

Quiénes son los funcionarios que serán sometidos al ‘narcotest’

Dentro de la ley que el Poder Legislativo puntano votó en noviembre se encuentran englobados, además del gobernador y su vice, integrantes del gabinete, secretarios de Estado, directores, jefes de áreas y funcionarios de entes que funcionan de manera descentralizada.

A la lista también se suman senadores y diputados, además de integrantes del Poder Judicial como jueces del Superior Tribunal de Justicia, jueces de primera instancia, camaristas y fiscales.

Según informaron desde el Gobierno local, en el examen se buscarán rastros de cocaína, marihuana, anfetaminas y otras drogas. Además, cada funcionario deberá asumir los costos, un valor que se estima en $40.000.

El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, detalló que cada funcionario está representado por un número. El mismo será entregado al organismo encargado de la Lotería de San Luis, la Caja Social y Financiera.

El lunes 17 se sorteará a los primeros 100 funcionarios, que recibirán por WhatsApp y correo la notificación en caso de que salga el número. Todo será con la presencia de un escribano para certificar el hecho. Luego, tendrán 24 horas para presentarse.

Al respecto, Bazla sostuvo: «Quien se oponga o no asista a la segunda notificación cesará en sus funciones si pertenece al Ejecutivo. En el caso del Judicial y del Legislativo, será pasible de juicio político o jurado de enjuiciamiento».