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Carnicero condenado a seis meses de prisión efectiva por golpear a su hijo en Santa Rosa

Un hombre de 40 años recibió una pena efectiva de seis meses de cárcel por agredir físicamente a su hijo de 17 durante una discusión familiar. La jueza Florencia Maza homologó el juicio abreviado y ordenó la detención inmediata.

Santa Rosa, La Pampa – Un hombre de 40 años fue condenado a seis meses de prisión efectiva por haber golpeado a su hijo de 17 años en el transcurso de una discusión familiar. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de enero en su vivienda de Santa Rosa. La jueza de Control, Florencia Maza, homologó el acuerdo de juicio abreviado presentado por el Ministerio Público Fiscal, la defensa oficial y el propio imputado, y dispuso su detención inmediata para el cumplimiento de la pena.

Según consta en la sentencia N° 95/2025, el incidente se produjo en horas de la mañana. Tras una discusión, el hombre, de ocupación carnicero, agredió físicamente al adolescente con varias cachetadas en el rostro. Posteriormente, durante un forcejeo, lo arrojó sobre una cama e intentó inmovilizarlo utilizando una cámara de bicicleta, alegando que buscaba «calmarlo». En medio del altercado, el joven tomó un destornillador e intentó atacar a su padre, lo que derivó en nuevos forcejeos y daños materiales, como la caída de un televisor. Como consecuencia de la agresión, el adolescente sufrió lesiones de carácter leve.

El fiscal Marcos Sacco encuadró los hechos como lesiones leves calificadas por el vínculo, conforme a los artículos 92, 89 y 80 inciso primero del Código Penal, en relación con la Ley 26.061 de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes.

El imputado, quien cuenta con instrucción primaria completa, ya registraba antecedentes penales. La jueza Maza resolvió que la pena se cumpla de manera efectiva, por lo que el condenado deberá ingresar a prisión una vez que la sentencia quede firme.

Además, el fallo judicial establece una medida importante en favor de la víctima: se deberá consultar al joven agredido si desea ser informado sobre cualquier eventual beneficio penitenciario al que su padre pudiera acceder en el futuro, como salidas transitorias, libertad condicional o prisión domiciliaria. Esta disposición busca proteger y considerar la voluntad del adolescente en el proceso de cumplimiento de la condena de su agresor.

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Proponen eliminar el 88% de las tasas provinciales en La Pampa para «simplificar y transparentar» el sistema

El diputado Enrique Juan (Pro-MID) presentó un proyecto de ley para suprimir 563 de las 635 tasas retributivas de servicios, argumentando baja recaudación y alta complejidad operativa.

Santa Rosa, La Pampa – El diputado provincial Enrique Juan, integrante del bloque Pro-MID, ha presentado un proyecto de ley en la Legislatura pampeana que busca eliminar un significativo número de tasas retributivas de servicios del Gobierno provincial. La iniciativa propone suprimir 563 de las 635 tasas y subtasas vigentes, lo que representa el 88,7% del total.

Según explicó Juan, si bien se trata de un gran número de tasas, su impacto económico para el fisco es bajo. El legislador argumenta que las actuales tasas generan una «alta complejidad operativa» que no solo actúa como una barrera para la actividad económica, sino que también entorpece la labor del Estado al desviar recursos humanos y técnicos hacia el control, liquidación y gestión de cobros que, en muchos casos, resultan ineficientes. El objetivo es implementar un sistema más simple sin afectar la sostenibilidad fiscal ni comprometer el funcionamiento de los servicios públicos.

La iniciativa cuenta con el respaldo del resto de los legisladores del bloque: María Laura Trapaglia, Celeste Rivas, Matías Traba, Lucas Lazaric y Noelia Viara. «Este proyecto propone la eliminación de 563 tasas retributivas de servicios actualmente vigentes en el ámbito de la administración pública de la Provincia de La Pampa», reiteró Juan. Añadió que la medida busca «simplificar los procesos administrativos, mejorar la eficiencia tributaria y contribuir a un sistema más transparente, coherente y alineado con los principios de razonabilidad y equidad». El proyecto apunta a eliminar aquellas tasas que, «si bien fueron concebidas en su momento para cubrir servicios específicos, hoy ya no cumplen ese objetivo de manera efectiva ni guardan una relación funcional con los organismos que prestan dichos servicios».

Un aspecto central que justifica esta reforma, según el diputado, es la forma en que se gestiona actualmente la recaudación de estas tasas. Explicó que, en lugar de financiar directamente al organismo que presta el servicio correspondiente, el producido de estas tasas es derivado a una «caja común» administrada por la Dirección General de Rentas. Esto significa que los ingresos generados «no se destinan automáticamente a fortalecer, sostener o mejorar la prestación específica del servicio por el cual se cobra, sino que pasan a formar parte de un fondo general que es utilizado de manera discrecional por el Poder Ejecutivo». Juan sostiene que existe una «disociación entre el hecho imponible que justifica la tasa y el destino real de los recursos, lo que distorsiona el espíritu retributivo que debería regir este tipo de instrumentos».

Para el legislador, esta estructura tiene una doble consecuencia: «Por un lado, desde el punto de vista del contribuyente, se produce una falta de transparencia: se paga una tasa con la presunción de que financia un servicio determinado, cuando en la práctica esos fondos pueden estar siendo utilizados para fines completamente distintos». Por otro lado, desde la lógica del sistema estatal, «esta intermediación complica la trazabilidad del gasto, diluye la eficiencia administrativa y contribuye a una fragmentación tributaria innecesaria», lo que, a su juicio, «refuerza una estructura fiscal dispersa y poco funcional a los fines del desarrollo provincial».

Victoria judicial para 2.000 pampeanos: STJ ordena a automotrices recalcular cuotas de planes de ahorro por inflación

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa confirmó un fallo que beneficia a suscriptores de planes de ahorro anteriores a octubre de 2019, obligando a las fábricas a ajustar las cuotas según el IPC del Indec. La medida, aún apelable ante la Corte Suprema.

Santa Rosa, La Pampa – Una importante victoria judicial para los consumidores pampeanos se materializó con la confirmación, por parte de la Sala A del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa, de un fallo que ordena a las fábricas automotrices actualizar las cuotas de los planes de ahorro suscriptos antes del 29 de octubre de 2019 en base a la inflación determinada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Esta medida, que beneficia a aproximadamente 2.000 pampeanos, aún no está firme, ya que puede ser revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fallo, al que accedió Diario Textual, fue firmado por los jueces José Sappa y Verónica Campo. La demanda colectiva fue impulsada por el diputado Espartaco “Taco” Marín, junto a los entonces legisladores Eduardo Tindiglia y Luis Solana. «El Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia acaba de rechazar por inadmisible los recursos extraordinarios provinciales de las Administradoras de planes de ahorro. Con este fallo, ganamos la batalla judicial en todas las instancias de nuestra Provincia”, celebró hoy el diputado Marín.

En marzo de 2024, la jueza de primera instancia Adriana Pascual había determinado que existieron «aumentos excesivos de las cuotas», ya que estuvieron «por encima del índice de inflación, del coeficiente de variación salarial y del valor del dólar oficial» del país. En aquella sentencia, la magistrada declaró la nulidad parcial de la cláusula que define el precio en todos los contratos de adhesión firmados por los amparistas y dispuso el reajuste de las cuotas según el IPC del Indec. Este ajuste debe aplicarse desde abril de 2018, o desde la celebración de cada contrato posterior, y hasta la fecha de pago total del monto recalculado.

Este fallo de la jueza Pascual fue el que posteriormente confirmó la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Rosa y, en las últimas horas, el STJ. No obstante, las empresas aún tienen la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se descuenta que las automotrices apelarán, por lo que la resolución aún no adquirirá firmeza.

Los jueces del STJ declararon “inadmisible” la apelación de las administradoras de planes de ahorro. En su argumentación, expresaron: “Se advierte una razonable y fundada solución en clave constitucional y en un todo de acuerdo con las pautas de interpretación dadas por el art. 2 del CCC, con la mirada puesta en la efectiva protección de los derechos de acceso a la justicia, de propiedad y de igualdad de la parte más débil de la relación existente entre las partes”.

Este proceso colectivo, enmarcado en la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, beneficia no solo a los aproximadamente 1.500 amparistas que se presentaron directamente en el expediente, sino a todos los pampeanos que suscribieron este tipo de planes antes de la fecha mencionada, incluso si no recurrieron a la Justicia.

La Barrera Sanitaria del Río Colorado: ¿Sanidad o Negocio? Prórroga reaviva el debate por el ingreso de carne con hueso a la Patagonia

El Gobierno nacional extendió por 60 días la suspensión del ingreso de carne con hueso al sur del río Colorado, a la espera de respuestas de Chile y la Unión Europea sobre posibles implicaciones comerciales y sanitarias. La Pampa reitera su postura: es una aduana interna que encarece los precios.

Santa Rosa, La Pampa – A menos de una semana del vencimiento del plazo original, el Gobierno nacional, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), prorrogó por 60 días la suspensión del permiso para el ingreso de carne con hueso al sur del río Colorado desde zonas libres de fiebre aftosa con vacunación. La medida, oficializada hoy mediante la Resolución 419 del Senasa en el Boletín Oficial, busca aguardar las respuestas oficiales de países como Chile y miembros de la Unión Europea, a quienes se les consultó sobre las posibles consecuencias comerciales o sanitarias de la modificación normativa.

Desde La Pampa, el cuestionamiento a la barrera sanitaria ha sido constante. Desde hace al menos una década, se ha alertado que esta medida no obedece a una protección de la salud animal, sino que funciona como un mecanismo comercial que eleva artificialmente los precios de la carne en la Patagonia. Para la provincia, se trata de una barrera comercial o aduana interna, más que de una auténtica barrera sanitaria.

Recientemente, avalando la posición pampeana, el propio Senasa admitió que la posibilidad de contagio de fiebre aftosa a partir de la comercialización de carne con hueso era «ínfima» y procedió a levantar la barrera. En marzo pasado, el Gobierno publicó la Resolución 180/2025 del Senasa, que establecía nuevas condiciones sanitarias para permitir el ingreso de carne con y sin hueso, productos cárnicos y material genético desde zonas del país donde se vacuna contra la fiebre aftosa hacia la región sur del Colorado, que ostenta un estatus de libre de la enfermedad sin vacunación. Sin embargo, apenas unas horas después de su publicación, y frente a una ola de críticas en el sur argentino, el Senasa decidió posponer su aplicación por 90 días, plazo que debía vencer este lunes 16 de junio. Ahora, a días de esa fecha, el Gobierno ha extendido nuevamente la suspensión.

Fuentes consultadas por el diario La Nación explicaron que «el objetivo es esperar las respuestas de los países con los que se hicieron consultas formales». El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, había informado previamente que estas consultas se realizaron a pedido de los productores patagónicos, con el fin de determinar si la medida podría generar algún tipo de conflicto comercial. «Consultamos si la decisión podía representar algún inconveniente con Chile, con la Unión Europea o con el traslado de animales desde Tierra del Fuego a Santa Cruz, por ejemplo. Enviamos notas a los países y estamos esperando respuestas», detalló Iraeta.

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Otra vez marihuana en una ambulancia: Ahora la encontró la policía

Un conductor del sistema de salud fue demorado con marihuana en un control de tránsito, lo que derivó en su separación del cargo y un sumario administrativo.

Santa Rosa, La Pampa – El Ministerio de Salud de La Pampa ha tomado una drástica decisión al apartar de su cargo a un chofer de ambulancia que fue demorado en un operativo de tránsito con estupefacientes en su poder. El incidente ha llevado a la apertura de un sumario administrativo contra el agente.

Según fuentes consultadas, el hombre circulaba en una ambulancia perteneciente al sistema de salud pública cuando fue interceptado en un control sobre la Ruta Nacional 5, a la altura de Mac Allister. El operativo, que incluyó la participación de perros adiestrados y un scanner, permitió detectar las sustancias prohibidas. «Se secuestró menos de un gramo de marihuana que estaban entre las pertenencias del chofer», explicaron fuentes ligadas a la investigación.

Tras trascender el hecho, la Dirección del Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro emitió un comunicado informando sobre las medidas adoptadas. En el mismo, detallaron que «tras la detención de un conductor de ambulancia por el transporte de sustancias prohibidas durante un operativo de tránsito, ha iniciado el correspondiente sumario administrativo». Además, se confirmó que se dispuso «la separación del agente de su puesto de trabajo» de manera inmediata.

Grave denuncia en el Hospital Lucio Molas: Encontraron marihuana en una ambulancia

Ziliotto arremete contra la Justicia tras ratificación de condena a Cristina Kirchner: «La igualdad ante la ley sigue siendo un slogan vacío»

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto expresó su «enérgico rechazo» a la decisión de la Corte Suprema, cuestionando la «connivencia» judicial-mediática y la «selectividad» de la justicia.

Santa Rosa, La Pampa – Minutos después de que se conociera la ratificación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, manifestó su «enérgico rechazo» a la decisión judicial a través de la red social X. El mandatario provincial, bajo el título «cuando quien juzga y condena no es el Poder Judicial», exigió «justicia a través de procesos limpios, transparentes y justos», al tiempo que cuestionó duramente el accionar de la justicia y los tiempos en que se dio a conocer el fallo.

En su publicación, Ziliotto sostuvo que el fallo judicial contra Fernández de Kirchner fue «tan propiciado por el poder real de la Argentina como anticipado por sus apéndices mediáticos», lo que a su entender, convierte la decisión de la Corte Suprema en una «mera formalidad procesal». El gobernador pampeano no dudó en señalar que los tiempos en que se emite la sentencia «despiertan serias sospechas sobre los intereses que lo motivan», haciendo hincapié en la «capacidad judicial para hacer coincidir decisiones judiciales con cronogramas electorales».

El presidente del PJ de La Pampa también arremetió contra la «notable presión mediática ejercida ante el Poder Judicial en cada instancia procesal», la cual, según su análisis, «solo pudo ser efectiva por la genuflexa actitud de varios de sus integrantes». Esta situación, a su juicio, suma «más desprestigio social a un poder del Estado que privilegia intereses políticos sectoriales por encima del estricto cumplimiento de su rol constitucional». En un punto particularmente sensible, Ziliotto denunció que la «grave connivencia ha quedado demostrada ante la difusión pública de reuniones y actividades compartidas entre jueces y fiscales con altos miembros del gobierno de turno».

La publicación del gobernador Ziliotto también se detuvo en los fundamentos de la condena, manifestando sorpresa ante la asignación al titular del Poder Ejecutivo Nacional de la «responsabilidad directa y final de la toma de decisiones emitidas por funcionarios de menor rango, responsables de organismos autárquicos o bien de esferas provinciales». Para Ziliotto, esto es una «incoherencia que desconoce el esquema jerárquico que fijan las normas de administración de los dineros públicos».

Además, el mandatario pampeano criticó la falta de imparcialidad en la administración de justicia, al señalar que «si se quisiera mostrar imparcialidad al administrar justicia debieran tomar impulso causas inactivas hace muchos años, demostrando así que no existe selectividad según quien sea investigado». Por el contrario, aseguró que «hoy dirigentes enemigos siguen siendo investigados y condenados rápidamente y las causas de dirigentes amigos continúan paralizadas en los tribunales», lo que convierte a la «igualdad ante la ley» en un «eslogan vacío».

Finalmente, Ziliotto enfatizó que «nadie puede estar por encima de la ley, pero tampoco aceptar que sea la excusa para perseguir a los que piensan distinto». Reafirmó el pedido de «justicia a través de procesos limpios, transparentes y justos», y concluyó rechazando la «judicialización de la política». Para el gobernador, esta práctica «no solo daña la credibilidad de la democracia, sino que distorsiona el proceso electoral y convierte al adversario político en enemigo penal». Finalmente, el titular del PJ pampeano sentenció que «las diferencias políticas deben resolverse a partir de la decisión popular en las urnas, no con la proscripción de los tribunales».

Planes de ahorro de autos, servicios financieros y empresas de viajes y turismo, los más multados por Defensa del Consumidor en La Pampa

La Dirección General de Defensa del Consumidor aplicó 170 nuevas multas en los últimos seis meses por incumplimientos en la comercialización de productos y servicios. Planes de ahorro, servicios financieros y turismo, entre los rubros más afectados.

Santa Rosa, La Pampa – La Dirección General de Defensa del Consumidor de La Pampa ha intensificado su labor en protección de los derechos de los ciudadanos, aplicando 170 nuevas sanciones a diversas empresas, tanto de la provincia como de otras regiones del país. Estas multas, que ascienden a un total de 120.100.000 pesos, promedian los 705.000 pesos por cada infracción, y se impusieron ante incumplimientos en las condiciones de comercialización de productos o servicios que afectaron directamente a los consumidores.

Entre los principales rubros de las empresas que recibieron multas por no cumplir con la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor se destacan los planes de ahorro de vehículos, los servicios financieros y las empresas de viajes y turismo. También se registraron repetidos incumplimientos por parte de fabricantes de casas prefabricadas, servicios de telefonía, empresas de transporte y aerolíneas, plataformas de venta online de indumentaria y comercializadoras de electrodomésticos.

La Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) establece un procedimiento bifásico para la resolución de reclamos. La primera etapa es la de mediación, donde se busca que el denunciante y el proveedor denunciado lleguen a un acuerdo, principalmente a través de audiencias de conciliación. Si se logra un acuerdo, el expediente se cierra y el consumidor ve su reclamo resuelto, siendo esta la instancia donde se concentra el mayor esfuerzo.

En caso de que la conciliación no sea posible, el consumidor tiene la opción de continuar su reclamo por la vía judicial, y Defensa del Consumidor eleva el expediente a una etapa sumarial. En esta fase, se evalúan las posibles infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor mediante una imputación formal a las empresas. Tras ejercer su derecho constitucional a la defensa, se determina la aplicación de las sanciones previstas en la ley, que van desde el apercibimiento hasta multas económicas, las cuales luego se publican en el Boletín Oficial. El monto final de la sanción depende de múltiples factores, como la naturaleza de la infracción, los daños ocasionados al consumidor, la envergadura de la empresa (local, nacional o multinacional) y sus antecedentes de sanciones previas.

¡Docentes al paro! Utelpa convoca a una medida de fuerza de 24 horas con movilización

El gremio docente Utelpa anunció un paro provincial para el próximo jueves 12 de junio, decidido por unanimidad ante la crítica situación salarial, la sobrecarga laboral y las presiones ministeriales.

Santa Rosa, La Pampa – El panorama educativo en La Pampa se verá alterado el próximo jueves 12 de junio, día en que el gremio docente Utelpa llevará a cabo un paro de 24 horas con movilización. La medida de fuerza fue definida por unanimidad durante el 105° Congreso Extraordinario de la organización, que contó con la participación de todas las seccionales provinciales.

Desde el sindicato, se explicó que esta decisión responde a un «contexto crítico» que atraviesa el sector docente. Los principales motivos de la protesta son los aumentos salariales insuficientes, la sobrecarga laboral y las modificaciones impuestas sin los canales de diálogo correspondientes, lo que, según el gremio, afecta directamente la organización institucional y la tarea pedagógica.

Además, Utelpa denunció presiones ministeriales que «lesionan derechos laborales» y exigió un incremento salarial con carácter remunerativo y bonificable. También reclaman una compensación por la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y los fondos de conectividad, que representan un recorte significativo en los ingresos de los trabajadores de la educación.

Entre los reclamos adicionales que motivan la medida de fuerza se encuentran:

La actualización del nomenclador de cargos para escuelas hogares y de jornada completa.
La ampliación del acuerdo paritario N° 138 para garantizar un mayor resguardo laboral.
La revalorización de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.
El avance en la reglamentación de la modalidad inclusiva.
La reducción de la carga administrativa en las escuelas.
La defensa del sistema provincial de seguridad social docente.

Desde Utelpa, concluyeron que «El Congreso expresa la voluntad colectiva de enfrentar un escenario complejo con claridad, firmeza y responsabilidad», evidenciando la determinación del sector frente a las problemáticas actuales.

151.535 Dólares en municiones y granadas para la Policía de La Pampa

El Gobierno pampeano oficializó la compra de armamento a través del Decreto Nº 1041, que incluye miles de cartuchos y granadas de mano para las fuerzas de seguridad.

Santa Rosa, La Pampa – El Gobierno de La Pampa autorizó una compra de 151.535 dólares para la adquisición de un importante cargamento de municiones y granadas destinadas a la Policía provincial. La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 1041, publicado recientemente en el Boletín Oficial.

La compra, tramitada por el Ministerio de Seguridad, forma parte del equipamiento y refuerzo para las fuerzas de seguridad de la provincia. Según el detalle del documento, la adquisición incluye:

80.000 cartuchos calibre 9×19 mm
2.000 cartuchos calibre 7,62×51 mm
6.000 cartuchos calibre 12/70 AT (postas de goma)
2.500 cartuchos calibre 12/70 PG (postas de goma)
2.500 cartuchos calibre 12/70 de estruendo
240 granadas de mano de distintos tipos (CN, HC y CS)

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Atentado en el Plan 5.000: Lanzan bomba molotov contra despensa

Dos mujeres con antecedentes, identificadas por la policía, son investigadas tras arrojar un explosivo casero contra un comercio en Santa Rosa.

Santa Rosa, La Pampa – Un grave incidente sacudió la tranquilidad del barrio Plan 5.000 durante la madrugada del viernes, cuando dos mujeres arrojaron una bomba molotov contra una despensa ubicada en la esquina de las calles Sosa y Ferrando. La rápida intervención policial permitió identificar a las presuntas responsables, y ahora se avanza en la investigación para determinar los motivos de este violento ataque.

Efectivos de la Seccional Sexta acudieron al lugar tras recibir un llamado de alerta. Al llegar, se encontraron con los restos de un pequeño incendio ya sofocado, vidrios rotos y un fuerte olor a combustible en el acceso al comercio.

El análisis de las cámaras de seguridad de la zona fue clave para establecer la identidad de las responsables: se trata de dos mujeres mayores de edad, ambas con antecedentes penales.

Según indicaron fuentes policiales, la parte damnificada aseguró no tener conflictos ni problemas con nadie, lo que complejiza la tarea de esclarecer qué motivó un hecho de tal magnitud. Las mujeres involucradas ya fueron citadas y serán notificadas formalmente en el marco de la causa judicial iniciada por el ataque.

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