El registro pertenece a la Agencia Noticias Argentinas y pone en valor momentos históricos de la Gesta de Malvinas.
El Gobierno oficializó el ascenso de los excombatientes AOR (aspirantes a oficiales de reserva) y reafirmó el reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
En el 43° aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, el presidente Javier Milei firmó un decreto mediante el cual se reconocerá con el rango de subtenientes de reserva a todos los soldados aspirantes a oficiales de reserva (AOR) que combatieron en el conflicto del Atlántico Sur y que hasta hoy no habían sido oficialmente ascendidos.
La medida fue anunciada este martes a través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, donde se reafirma además el reclamo de soberanía argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El texto oficial afirma que esta decisión se enmarca en una política de reparación histórica para con las Fuerzas Armadas y los veteranos de guerra, y busca poner fin a una etapa “en la que la política los estigmatizaba y desvalorizaba”. En ese sentido, se destaca que el actual Gobierno inició un proceso de “reconciliación nacional” con las Fuerzas Armadas.
“La lucha por las Malvinas no cesará hasta que nuestra bandera vuelva a flamear en las Islas”, concluye el documento firmado por el Ejecutivo.
PAMI ha lanzado su campaña de vacunación antigripal 2025, ofreciendo vacunas gratuitas y accesibles en más de 6,700 farmacias en toda Argentina.
PAMI ha puesto en marcha su campaña de vacunación antigripal 2025 en todo el país. Desde hoy, los afiliados pueden recibir la vacuna en cualquiera de las más de 6,700 farmacias de la red PAMI, sin costo alguno. La vacuna es segura y accesible, y los afiliados pueden obtenerla sin necesidad de orden médica ni turno previo. Los únicos requisitos son presentar el DNI y la credencial de PAMI.
Para facilitar el acceso a la vacuna, PAMI ha habilitado un buscador de farmacias en su sitio web (www.pami.org.ar/farmacias) y una línea telefónica (138 – PAMI Escucha, opción 0). Se recomienda contactar a la farmacia de preferencia antes de acudir.
Los afiliados menores de 65 años con factores de riesgo deberán presentar documentación médica que lo acredite. La campaña también incluye operativos especiales en residencias de larga estadía, hogares para personas con discapacidad, clínicas de salud mental, y para afiliados con internación domiciliaria o en centros de diálisis.
La vacuna antigripal puede aplicarse simultáneamente con las vacunas contra la neumonía y COVID-19. La única contraindicación es la alergia a alguno de los componentes de la vacuna o una reacción alérgica previa a una dosis.
Los estableció el Gobierno con la publicación del Boletín Oficial. Se trata del tendido que parte desde Vaca Muerta, en Neuquén, y llega a Saliqueló.
El Gobierno, a través del Boletín Oficial, estableció una serie de medidas y lineamientos para avanzar con la iniciativa privada de ampliar la capacidad de transporte de gas del gasoducto Francisco Moreno, ex Néstor Kirchner, que parte desde Vaca Muerta, en Neuquén, y llega a Saliqueló.
La iniciativa privada de ampliar la capacidad de transporte de gas, propuesta declarada de interés público, fue impulsada por la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS). El decreto publicado este lunes autorizó finalmente esta ampliación que tiene como fin incrementar la capacidad del sistema de transporte de gas natural para mejorar el abastecimiento. Es necesario aclarar que esta iniciativa es por el gas que se transporte más allá del perteneciente al Plan Gas.Ar que ya está actualizado.
El primer paso de la decisión actual surgió en noviembre de 2024 con la presentación que hizo la empresa privada en la búsqueda por incrementar el espacio de transporte.
El primer artículo del decreto publicado en el Boletín Oficial, dice: «Apruébanse los Lineamientos para la Asignación de Capacidad Incremental en el GASODUCTO PERITO FRANCISCO PASCASIO MORENO (GPM) y en Tramos Finales del sistema operado por la empresa TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. (TGS S.A.)».
En este sentido argumentan la necesidad de que la empresa licenciataria se acople a la ejecución de la obra de ampliación «de forma tal que los volúmenes de gas natural que circulen a través de la obra de ampliación señalada, puedan alcanzar los mercados de consumo».
En el documento que aprobó los lineamientos para la asignación de capacidad de transporte explican que el procedimiento estará basado en el sistema de «Acceso Abierto» a fin de coordinar tanto al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) como a la Secretaría de Energía. Esto es «en pos de optimizar el uso de las capacidades de transporte».
A su vez indicaron que ambos organismos tendrán la responsabilidad de coordinar y supervisar las asignaciones de capacidad en el sistema regulado de TGS S.A. debido a su competencia para «entender en materia de asignaciones de capacidad de transporte en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 24.076, y sus modificatorias, y el Decreto N° 729 del 22 de mayo de 1995».
La resolución también instruye al Ente Nacional y a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A (Cammesa) a modificar el contrato existente para adecuarlo a las nuevas políticas y garantizar mayor eficiencia en el uso de los recursos del Estado.
Por otra parte esta establece una disposición clave que es la renuncia de Cammesa al derecho de prioridad en relación con la capacidad de transporte resultante de la ampliación del Gasoducto Francisco Moreno. Este cambio en los términos del contrato es para asegurar que todas las partes involucradas puedan ser tratadas de manera equitativa. Además se establece que las modificaciones contractuales entre Enarsa y Cammesa deberán ser sometidas a autorización por parte de la Secretaría de Energía dentro de un plazo de 10 días hábiles desde que entre en vigor la medida.
La licitación será para el proyecto denominado «Incremento de la Capacidad de Transporte Gas Natural en la Ruta Tratayén – Litoral Argentino«, que tiene como impulsora a TGS, la transportadora de gas controlada por Pampa Energía, GPI (Grupo Sielecki) y PCT (Grupo Safra).
Prevé una inversión privada de US$ 500 millones orientada a aumentar los despachos de Vaca Muerta hacia los centros de mayor consumo del AMBA y las regiones del Litoral y Norte del país. Permitirá incrementar el transporte de gas y se espera que esté listo para el invierno del 2026.
Según la empresa, se sustituirán importaciones de GNL y gasoil «100 días al año, con gas de Vaca Muerta, además de potenciar los saldos exportables a la región». A la vez, estiman que beneficiará a la balanza comercial del país por más de US$ 700 millones al año «y en términos de ahorros fiscales por US$ 500 millones al año», se lee en la resolución.
El proyecto previsto es complementario y «de ninguna manera excluye la posibilidad de avanzar con la construcción del segundo tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) y/o cualquier otra obra de infraestructura que permita impulsar el desarrollo de Vaca Muerta y la integración energética regional»», aclararon.», aclararon desde TGS cuando se presentó ante la secretaría de Energía.
Carlos Beraldi, abogado defensor de la ex presidenta y titular del Partido Justicialista (PJ) Cristina Kirchner, aseguró que “no hay ninguna posibilidad de que vaya presa”, en referencia a la condena a seis años de prisión recibida por la causa Vialidad.
Desde la sede del PJ Nacional de la calle Matheu, Beraldi indicó que, desde que la asesora, “Cristina nunca tuvo miedo”, que sabe cuál fue su accionar como mandataria y que este proceso “existe porque ha hecho muchas reformas que no le perdonan”.
Asimismo, sostuvo que la afirmación que realizó el presidente Javier Milei, al manifestar que “va a ir presa”, indicó que es algo “grave dentro del manejo de causas judiciales” y que un Jefe de Estado tiene “prohibido” hacer.
Alejandro Gabriel Cassagl, experto en seguridad, analiza la situación de la inseguridad en Argentina y las posibles soluciones a través de políticas públicas.
Cassagl expresó su preocupación por el aumento de la violencia a nivel mundial y su impacto en el país: «Lo primero a tener en cuenta es que el mundo cambió, es decir, en las últimas décadas, la exacerbación de la violencia está en todas partes del mundo, y nuestro país no escapa a eso«.
En tanto, destacó que América Latina es una de las regiones más violentas del mundo, superando incluso a zonas de conflicto bélico. «Teniendo en cuenta que América Latina, según estadísticas, es la zona más violenta del mundo, incluso superando las regiones del mundo donde hay guerras. Hay más asesinatos cada 100.000 habitantes en América Latina que, por ejemplo, en Asia, donde hay un conflicto en Medio Oriente, o en África, que incluso hay conflictos permanentes, guerras, el terrorismo, el narcotráfico, etc.«, añadió Cassagl.
El experto atribuyó el crecimiento de la violencia a la falta de políticas de Estado en materia de seguridad: «La violencia creció en los últimos años por un problema político. Lo primero que se evidenció es una falta de políticas de estado, falta de voluntad política y falta de políticas de Estado en materia de seguridad. Esto produjo un abandono en materia de seguridad tanto la criminalidad común como la criminalidad organizada«.
Cassagl también señaló la falta de control en las migraciones como un factor contribuyente al problema: «Por otro lado, tenemos el no fiscalizar a los inmigrantes, nunca se consideró o controló si dentro de esas migraciones y con todos los ciudadanos de buena voluntad que vinieron a habitar, también vinieron delincuentes, y esto está evidenciado con la llegada de distintas organizaciones criminales. Por ejemplo, ahora estamos hablando del Tren de Aragua, que con esta gran migración de venezolanos que hubo, creo que somos el cuarto país en recepcionar migrantes de Venezuela por la crisis que hay en el país».
Además, mencionó la permeabilidad de las fronteras y la falta de inversión en seguridad como otros factores relevantes: «También, teniendo en cuenta que tenemos unas fronteras amplias y muy permeables que durante muchos años se descuidaron. Por ejemplo, cuando hablamos de narcotráfico, falta de radarización, falta de una ley de derribos, falta de elementos, porque podés tener una ley de derribos y no tenemos aviones«, agregó.
El experto también hizo hincapié en la corrupción como un problema que agrava la situación: «A todo esto hay que sumarle un punto que es tremendo, que es la corrupción y no hablamos solamente de corrupción policial, sino fundamentalmente de la corrupción política que es la que permite que los policías u otros estamentos puedan abusar de esos niveles de complicidad y se produzcan estos hechos de corrupción que se ven habitualmente«.
Asimismo, señaló la falta de capacitación y recursos en las fuerzas policiales, así como la superpoblación en las cárceles y la falta de construcción de nuevos penales: «A nivel policial podemos hablar, aparte de corrupción, podemos hablar de falta de capacitación, vemos habitualmente muchos policías que no están adecuadamente preparados, no están entrenados, y también la carencia de la logística adecuada. Por ejemplo, yo vivo en el Gran Buenos Aires y ves de noche los patrulleros provinciales sin paragolpes, sin luces, todos destartalados, falta de combustible, falta de más patrulleros, los chalecos vencidos», explicó.
En cuanto a la ley de imputabilidad de menores, Cassagl consideró que es necesario debatir su modificación, ya que muchos países de la región tienen leyes que establecen la imputabilidad a edades más tempranas: «Con respecto al tema de los menores, muchos de los partidos se niegan a todo proyecto de ley de baja de imputabilidad, lo cual no va a tono con el resto de los países de la región, donde la mayoría tienen leyes de imputabilidad de menores, algunos llegan hasta los 12 años en donde se ven hay casos extremos«.
Asimismo, señaló que el crimen organizado recluta menores, a veces con la complicidad de sus familias: «Cuando hablamos del análisis de la criminología, de las organizaciones criminales a nivel regional, vemos que de hace décadas el crimen organizado, incluso las guerrillas y el terrorismo, recurren al reclutamiento, a veces forzado de menores, y a veces no forzado, porque a veces los mismos padres ponen a disposición del crimen organizado, de las guerrillas, ponen a sus hijos ante la falta de recursos para poder mantenerlos y para beneficiarse de esto», manifestó Cassagl.
Finalmente, el experto concluyó que para combatir la criminalidad de menores, el Estado debe implementar políticas públicas efectivas: «Bueno, eso es un problema que tiene que ver con un problema social, en el cual, hay familias disgregadas o familias de delincuentes que favorecen esto, la falta de control, los chicos todo el tiempo en la calle, no hay políticas de Estado para sacar a los chicos de la calle».
Por último, agregó: «para acabar con la criminalidad de menores, el Estado tiene que estar presente en estas políticas«.
El campeón del mundo pampeano, Alexis Mac Allister, y su novia, Ailén Cova, compartieron la feliz noticia de que están esperando su primer hijo.
El reconocido futbolista pampeano y campeón del mundo con la Selección Argentina, Alexis Mac Allister, junto a su pareja, Ailén Cova, anunciaron este jueves por la tarde que están esperando su primer hijo. La emocionante noticia fue compartida por el propio jugador del Liverpool a través de sus redes sociales, donde publicó un video del tierno momento en que dieron a conocer la feliz novedad.
La primicia de la noticia fue revelada por el periodista Ángel de Brito en el programa LAM (América TV). En el programa se detalló que Ailén Cova, de 26 años, se encuentra cursando su tercer mes de embarazo. Según la información difundida, la pareja había comunicado la noticia inicialmente a su círculo más íntimo de familiares y amigos, y posteriormente autorizaron a los medios a hacer pública la feliz espera.
El anuncio ha generado una gran alegría entre los seguidores del futbolista y en la comunidad pampeana, que celebra la próxima llegada de un nuevo integrante a la familia Mac Allister-Cova.
La representación de La Pampa en la Cámara de Diputados de la Nación mostró posturas divididas en la votación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En una votación clave para la economía del país, los diputados nacionales por la provincia de La Pampa emitieron su voto de manera dispar. La mayoría de los representantes pampeanos se pronunciaron en contra de la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El bloque de Unión por la Patria, representado por los diputados Varinia Marín y Ariel Rauschenberger, votó en contra de la iniciativa. A esta postura se sumó la diputada radical Marcela Coli, perteneciente al bloque Democracia Para Siempre (DPS), liderado por el neurólogo Facundo Manes.
Por otro lado, los diputados del PRO, Martín Maquieyra y Martín Ardohain, fueron los representantes pampeanos que votaron a favor de la aprobación del DNU.
Un nuevo episodio genera preocupación en La Pampa en relación a la flexibilización de la barrera sanitaria que impedía la venta de carne con hueso de la provincia en la zona sur del país. Tras el anuncio inicial de la autorización, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) oficializó hoy la prórroga por 90 días de dicha medida a través de la Resolución 186/25.
Sin embargo, la nueva resolución presenta omisiones significativas que han generado malestar en la provincia. En primer lugar, el SENASA no incluyó a La Pampa en la definición de la región Patagónica, pese a que su reconocimiento como tal data de hace 40 años. Además, el gobernador Sergio Ziliotto no fue invitado a participar de la mesa de diálogo y trabajo convocada con los gobernadores de las provincias patagónicas y entidades del sector agropecuario.
La decisión de postergar la medida por 90 días llega tras el rechazo de gobernadores, frigoríficos y productores rurales del sur argentino, quienes manifestaron su preocupación por el impacto sanitario y el acceso a mercados internacionales. Si bien la resolución inicial del SENASA se basaba en estudios que descartaban el riesgo de transmisión de fiebre aftosa, la presión de las provincias del sur, encabezada por Neuquén, derivó en esta postergación.
Ahora, la incertidumbre radica en los motivos de este aplazamiento. Se espera que durante este período, la Nación revise la medida o, por el contrario, utilice el tiempo para abordar posibles inconvenientes relacionados con la eliminación de la barrera, como los acuerdos de exportación. Para La Pampa, esta postergación representa un nuevo obstáculo en la búsqueda de una mayor comercialización de su producción ganadera.
El Ministerio de Seguridad de la Nación premiará con $10 millones a aquellas personas que aporten información clave para identificar y capturar a los responsables de los disturbios ocurridos el 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso Nacional.
El pago de la recompensa será canalizado a través del Programa Nacional de Recompensas, que depende de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad. Las personas con información podrán comunicarse de manera anónima con la línea gratuita 134.
La medida, formalizada a través de la Resolución 357/2025, se enmarca en la investigación de la causa N° 1000/2025, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo del juez subrogante Sebastián Casanello.
Según la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los hechos registrados en la manifestación de jubilados fueron aprovechados por grupos organizados y «barras bravas» para generar disturbios con fines desestabilizadores, los cuales incluyeron agresiones a las fuerzas de seguridad, incendios de vehículos policiales y daños a bienes públicos.
«Los actos de violencia fueron de extrema gravedad y premeditados», señala el texto para fundamentar la medida.
En caso de nuevos episodios similares, el Ejecutivo advirtió que podrá adoptar medidas adicionales para garantizar el orden público y prevenir acciones que pongan en riesgo la estabilidad institucional.
