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«Si comprobamos que un chofer o titular de licencia de taxi hace un viaje de Uber lo expulsamos»

La llegada de Uber a La Pampa el año pasado desató una disputa con el servicio de taxis tradicional, exponiendo la falta de regulación y los riesgos potenciales para los usuarios. Mientras taxistas denuncian la competencia desleal y la falta de control, crecen las versiones sobre conductores de taxis que también utilizan la aplicación Uber, evidenciando la necesidad urgente de una normativa clara.

Ilegalidad y competencia desleal: taxistas alzan su voz contra Uber

Ernesto Forastiero, presidente de la Cámara de Propietarios de Taxis (Catarata), enfatizó la ilegalidad de Uber en la provincia y la falta de regulación en el país. Señaló que la aplicación opera sin cumplir con los requisitos exigidos a los taxistas, como la verificación técnica de los vehículos, el seguro para pasajeros y la habilitación profesional de los conductores. Además, advirtió sobre el riesgo que esto representa para los pasajeros, mencionando casos de accidentes en otras ciudades donde Uber no se hizo responsable.

La necesidad de una regulación urgente: ¿Seguridad y orden en el transporte público?

Ante la creciente tensión entre taxistas y conductores de Uber, se vuelve imprescindible una pronta intervención del gobierno para regular la actividad de las aplicaciones de transporte. Esto no solo garantizaría la seguridad de los pasajeros y la calidad del servicio, sino que también establecería un marco legal claro para evitar la competencia desleal y proteger los derechos de los trabajadores del sector. La situación en La Pampa refleja un problema a nivel nacional, donde la falta de legislación específica genera incertidumbre y pone en riesgo a usuarios y conductores.

$9.450.000 de multa: «No miden con una misma vara»

Un vecino de La Adela denuncia un trato desigual por parte del municipio, tras recibir una multa millonaria por exceder el horario permitido en un evento, mientras que un evento organizado por el propio municipio no recibió sanción alguna a pesar de incurrir en las mismas faltas.

Un vecino de la localidad de La Adela, en la provincia de La Pampa, denunció un presunto caso de trato desigual por parte del municipio, luego de que se le impusiera una multa de $9.450.000 por exceder el horario permitido en un evento que organizó en un salón alquilado. Según relató el damnificado, abonó la multa con el único fin de que se levantara la clausura del establecimiento.

Semanas después, el propio municipio organizó un evento que, según el denunciante, también excedió el horario permitido e incurrió en otras infracciones, como exceder los límites de sonido establecidos por las ordenanzas locales. Sin embargo, en esta ocasión, no se aplicó ningún tipo de sanción ni se realizó denuncia penal alguna, a pesar de que el vecino sí fue denunciado penalmente por la misma falta.

El denunciante expresó su malestar por lo que considera un trato injusto y una doble vara por parte del municipio, al no aplicar las mismas normas y sanciones para todos los ciudadanos. Este hecho ha generado polémica en la localidad y ha puesto en tela de juicio la transparencia y equidad de las políticas municipales.

Toay: Suba de tasas desata la furia vecinal en Lowo Che

La suba de hasta el 490% en las tasas municipales desató la furia de los vecinos del barrio Lowo Che, quienes ya juntan firmas para exigir una revisión urgente por parte del municipio.

Aumento desproporcionado

Los vecinos del barrio Lowo Che, en Toay, se encuentran movilizados para exigir al municipio que revea de manera urgente los recientes aumentos en las tasas municipales, establecidos por la ordenanza sancionada en diciembre pasado. Los incrementos, que oscilan entre el 57% y casi el 490%, han generado un profundo malestar entre los residentes, quienes consideran que la medida es «excesiva» y «desproporcionada».

Servicios precarios y recaudación millonaria

En un comunicado de prensa, los vecinos expresaron que los servicios en el barrio son «insuficientes» y no cubren las necesidades básicas de los residentes. Además, denunciaron la «falta de infraestructura adecuada» y la «escasa cobertura» en otros servicios esenciales, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad. Los vecinos también resaltaron las «malas condiciones» en las que se encuentra el barrio y la disparidad entre el valor del impuesto y los beneficios recibidos. Según afirman, la mayor recaudación por tasas en Toay se registra en su barrio, pero los servicios y beneficios que reciben no se corresponden con lo que aportan.

Testimonios de vecinos

La indignación de los vecinos se refleja en sus testimonios. «Ahí me aparecieron los impuestos en el homebanking. 240%. No los voy a pagar», expresó un vecino. Otro relató: «Yo acabo de sacarlos del débito, fui a pedir los que tenía pagos y me dijeron que no pueden imprimir, les manifesté que no me llegan, pero me reiteraron que no se puede ver lo que ya se pagó. Así que me di de baja del débito. En mi caso un 270% de aumento». Una vecina más se sumó a la queja: «A mí un 300%, una locura, ni siquiera se respeta un porcentaje de aumento». Los vecinos han iniciado una campaña de recolección de firmas para exigir al municipio que «revea de manera urgente» los aumentos y garantice una distribución más equitativa de los recursos.

¡Rompe, paga! Vecinos de Acha obligados a pagar por pintadas y choque


La Municipalidad de General Acha implementó un plan de pagos para reparar daños en bienes públicos, incluyendo un semáforo derribado y pintadas en el monumento a Belgrano, responsabilizando a los vecinos involucrados.


El municipio de General Acha, en la provincia de La Pampa, ha establecido un plan de pagos para reparar dos incidentes que afectaron bienes públicos en la ciudad. El primero ocurrió el 22 de junio del año pasado, cuando una camioneta Toyota Hilux chocó y derribó un semáforo en la intersección de las calles Campos y Don Bosco. El segundo hecho se registró en enero pasado, cuando un joven realizó pintadas en el monumento al prócer Manuel Belgrano, acto que fue captado en video por un vecino. Ambos casos han sido resueltos mediante acuerdos económicos con los responsables.

Desde la Municipalidad, se informó que los vecinos involucrados en estos incidentes deberán cubrir los costos de reparación a través de cuotas. «Con motivo de hechos que afectaron a bienes o espacios públicos en la ciudad, se pudo concretar acuerdos para el recupero de los fondos que implica su reparación, y se actuará en el mismo sentido cuando existan hechos de esta naturaleza», señalaron las autoridades. Además, se destacó que estas medidas buscan fomentar la responsabilidad ciudadana y garantizar el mantenimiento de los espacios públicos.

Este tipo de acciones municipales sientan un precedente en la gestión de daños a bienes públicos, reforzando la importancia de la responsabilidad individual y la preservación del patrimonio comunitario. La decisión de exigir el pago por los daños causados no solo busca recuperar los fondos necesarios para las reparaciones, sino también concientizar a la población sobre el cuidado de los espacios compartidos.

¡RTO en llamas! Tierno acusa penalmente a Ziliotto, Di Napoli y concejales por presuntas irregularidades.

Juan Carlos Tierno, líder de Comunidad Organizada, presentó una denuncia penal contra el intendente Luciano Di Nápoli, el gobernador Sergio Ziliotto y concejales por la implementación de la RTV, alegando que viola la Ley Provincial de Tránsito N° 1713.

Este jueves, Juan Carlos Tierno, titular de la organización política Comunidad Organizada, presentó una denuncia formal en la Seccional Tercera de Policía de Santa Rosa, solicitando una investigación penal por la implementación ilegal de la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en la capital pampeana. Tierno, ex Ministro de Seguridad y ex intendente de Santa Rosa, acusó al intendente Luciano Di Nápoli, al gobernador Sergio Ziliotto y a los concejales de aprobar la ordenanza N° 6977/2023, promulgada el 23 de noviembre de 2023, que otorga al municipio la potestad de implementar la RTV. Esta normativa, según Tierno, contraviene la Ley Provincial de Tránsito N° 1713, que establece que la RTV es competencia exclusiva de la provincia y no de los municipios. Además, denunció que la ordenanza fue aprobada sin consultar al Consejo Provincial de Tránsito, como exige la normativa vigente.

La denuncia también menciona un decreto firmado por el gobernador Ziliotto el 26 de diciembre de 2023, que autoriza al municipio a firmar un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para implementar la RTV, a pesar de que esta acción está prohibida por la ley provincial. Este decreto se emitió después de que la Asesoría Letrada del Gobierno Provincial emitiera un dictamen el 2 de octubre de 2023 (N° 249/23), en el que se aclara que la RTV es competencia exclusiva de la provincia. Tierno también señaló que el Comité Ejecutivo del Consejo Provincial de Tránsito, integrado por funcionarios clave, incumplió su deber de supervisar y evitar esta práctica ilegal, lo que ha generado perjuicios a los ciudadanos, como multas excesivas y la amenaza de retención de vehículos. Además, solicitó que los fiscales Mario Bongianino y Guillermo Sancho se aparten de la causa por un posible conflicto de intereses.

La denuncia busca esclarecer las responsabilidades de los funcionarios involucrados y determinar si se cometieron delitos en el proceso de implementación de la RTV. Tierno adjuntó documentos que respaldan su acusación, incluyendo la ley provincial, decretos reglamentarios y dictámenes de la Asesoría Letrada. Este caso pone en evidencia tensiones entre las competencias municipales y provinciales, así como la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes para evitar afectaciones a los ciudadanos. La investigación podría tener implicaciones significativas en la gestión del tránsito y la seguridad vial en la provincia.

¡No más silencio! Familias denuncian maltrato y alimentación deficiente en geriátricos de Eduardo Castex

La Policía, junto al fiscal adjunto Carlos Ciaffoni, realizó dos allanamientos simultáneos en geriátricos de la localidad tras denuncias por «abandono de personas». Familiares de internos alegaron malos tratos y alimentación deficiente, lo que derivó en una investigación bajo el Artículo 106 del Código Penal.

En el día de ayer, alrededor de las 11 horas, la Policía de Eduardo Castex, en coordinación con el fiscal adjunto Carlos Ciaffoni, llevó a cabo dos allanamientos simultáneos en los geriátricos Luz de Luna y Los Nonos, ubicados en dicha localidad. Los procedimientos se realizaron tras recibir denuncias de familiares de internos, quienes acusaron a los establecimientos de «abandono de personas», incluyendo malos tratos y alimentación deficiente. Los operativos se desarrollaron bajo un estricto hermetismo y con un importante despliegue policial, aunque aún no se ha determinado la situación judicial de los propietarios de los geriátricos.

Durante los allanamientos, las autoridades mostraron satisfacción por los avances en la investigación, aunque no se brindaron detalles específicos sobre los hallazgos. Además, se dispuso vigilancia en al menos una de las viviendas de las familias que gestionan los geriátricos. El fiscal Ciaffoni confirmó que los familiares de los internos se encuentran «muy molestos» y que algunos ya habían expresado su descontento antes de formalizar las denuncias. La investigación se centra en el delito de abandono de personas, que podría estar vinculado a las acusaciones de agresiones y mala alimentación.

Por el momento, no está prevista la clausura de los geriátricos, ya que la investigación se encuentra en sus etapas iniciales. Ciaffoni aclaró que se evalúa la intervención de organismos municipales y provinciales, pero no se anticipan nuevos procedimientos inmediatos. El caso continúa su curso, y se espera que se revele más información sobre la implicación de las autoridades y posibles acciones legales a medida que avance la investigación. Este hecho subraya la importancia de garantizar el bienestar de los adultos mayores en instituciones de cuidado y la necesidad de mecanismos efectivos de supervisión.

El Partido Justicialista de La Pampa convoca a marcha contra Milei


El Partido Justicialista de La Pampa convoca a movilizaciones contra las declaraciones del presidente Javier Milei en Davos, rechazando su discurso discriminatorio y promoviendo la unidad y la igualdad.

El presidente Javier Milei generó controversia tras sus declaraciones en el Foro Económico Mundial de Davos, donde sus palabras fueron calificadas como discriminatorias y ofensivas hacia diversos sectores de la sociedad, incluyendo a la comunidad homosexual. Estas afirmaciones se suman a una serie de críticas previas hacia las universidades públicas y los jubilados, lo que ha despertado el rechazo de amplios sectores de la población. En respuesta, el Partido Justicialista de La Pampa ha expresado su repudio y convocado a una “Marcha Antifascista y Antirracial” para el sábado 1 de febrero, en defensa de los valores de amor, igualdad y justicia social.

El Partido Justicialista, ha denunciado las declaraciones de Milei como un retroceso en la lucha por los derechos humanos y la inclusión. En un comunicado, la organización señaló que las palabras del presidente no representan los valores de una sociedad moderna y respetuosa de la diversidad. Además, destacaron que las conquistas sociales, como la igualdad y los derechos adquiridos, deben ser defendidas ante cualquier intento de deslegitimación o agresión. La convocatoria a la marcha busca unir a la ciudadanía en un mensaje claro contra el discurso de odio y la discriminación.

La movilización, que se replicará en distintas provincias del país, tiene como objetivo no solo manifestar el rechazo a las declaraciones del presidente, sino también reafirmar el compromiso con la construcción de una sociedad basada en el respeto y la fraternidad. En un contexto donde las tensiones sociales y políticas se han intensificado, el llamado a la unidad y la defensa de los derechos humanos adquiere especial relevancia. El Partido Justicialista de La Pampa reiteró su compromiso con la lucha por la igualdad y la justicia, subrayando que el amor y la solidaridad deben ser los pilares que guíen el futuro de la nación.

Confusión y controversias en la implementación de la RTO en Santa Rosa: ¿Un negocio asegurado?

En los últimos meses, la implementación de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en la ciudad de Santa Rosa ha generado gran revuelo. Lo que inicialmente se percibía como una medida lejana y de aplicación futura, parece haberse convertido en un desafío concreto para los ciudadanos y un tema polémico para la administración local.

La Ordenanza que regula la RTO en Santa Rosa fue aprobada en 2023, pero hasta hace poco, la ciudad había optado por una fase de concientización, sin exigir su cumplimiento de manera estricta. Sin embargo, los recientes controles han revelado que la normativa, previamente considerada una medida futura, ya se está implementando de forma gradual, y con ello, surgen diversas inquietudes y controversias.

La Exclusividad de un Solo Taller: Un Negocio Garantizado

Uno de los aspectos más cuestionados de la nueva medida es la exclusividad que se ha otorgado al taller Técnica Sur para la realización de las revisiones técnicas en la ciudad. Anteriormente, los talleres Patagonia Vertec y Técnica Sur compartían la tarea, pero con la implementación de la nueva normativa, se ha garantizado que solo una empresa, Técnica Sur, sea la encargada de prestar este servicio.

Javier Torroba, diputado provincial, expresó su preocupación sobre esta situación en una reciente entrevista. «Lo que antes parecía una medida lejana, ahora es un perjuicio real y concreto para los ciudadanos. Además, se le está dando exclusividad a un único taller, lo cual genera muchas dudas, no solo por la capacidad operativa, sino también por la falta de competencia en el servicio», señaló Torroba.

A pesar de que algunas versiones indicaban que este cambio era producto de una licitación en la que solo se presentó una oferta, no es así. Según fuentes consultadas, tanto el pliego de bases y condiciones como el contrato firmado entre la Municipalidad de Santa Rosa y la empresa, garantizan a Técnica Sur la exclusividad en el negocio. Esta decisión, además, se extiende a otros municipios, ya que la administración local se comprometió a realizar gestiones para que la misma empresa proporcione el servicio de RTO en otras localidades de la región.

Una Capacidad Operativa Insuficiente

La polémica se intensifica cuando se analizan las capacidades operativas del taller exclusivo. Con una demanda estimada de hasta 200 vehículos por día, muchos cuestionan si una sola empresa podrá satisfacer semejante volumen de revisiones. Especialistas en la materia alertan sobre la inviabilidad operativa de esta medida, ya que se necesitaría mucho más personal y equipamiento para cumplir con la demanda de la ciudad, lo que podría llevar años para completar todas las revisiones de los vehículos que deben someterse a la RTO.

Torroba subrayó: «Con una sola empresa encargada, la capacidad operativa es claramente insuficiente. Es una decisión que va a colapsar rápidamente y terminará afectando tanto a los ciudadanos como a la empresa misma».

Una Competencia Provincial, No Municipal

El debate se complica aún más si se considera la opinión de la Asesoría Letrada de Gobierno de la Provincia, que en un dictamen había señalado que la competencia sobre la implementación de la RTO es de carácter provincial. Esto significa que la coordinación y regulación de esta medida debería estar a cargo del gobierno provincial, en colaboración con los municipios. Sin embargo, el municipio de Santa Rosa ha decidido asumir un rol protagónico en la implementación de la medida, a pesar de las voces que piden una centralización en la provincia.

El Dilema de la Aprobación y la Transparencia

Otro aspecto controvertido de este proceso es la forma en que se llevó a cabo la concesión del servicio de RTO. En situaciones similares, como la concesión del servicio del kiosco de la terminal, el procedimiento pasó por el Concejo Deliberante para ser aprobado. Sin embargo, en este caso, la concesión a Técnica Sur se realizó sin que el expediente fuera sometido a la aprobación del Concejo Deliberante, lo que ha generado acusaciones de autoritarismo y falta de transparencia por parte del intendente.

RTO Local vs. RTO Nacional: ¿Una Autorización Limitada?

Uno de los puntos claves del debate es si la verificación técnica realizada por Técnica Sur en Santa Rosa tendrá validez fuera de la ciudad. Según fuentes cercanas al proceso, el taller únicamente está habilitado para operar dentro del ámbito local. El convenio que Santa Rosa había suscrito con la Agencia Nacional de Seguridad Vial fue rescindido, lo que significa que la autorización del taller es exclusiva para la ciudad y no se extiende a nivel nacional. Esto limita el alcance de la medida, que inicialmente había sido presentada como una forma de unificación y control en todo el territorio.

¿Un Negocio con Costo Político?

Si bien la gestión municipal se ha defendido argumentando la necesidad de avanzar con esta medida para mejorar la seguridad vial, no son pocos los que especulan que detrás de esta decisión podría haber un interés económico. La garantía de un negocio exclusivo para una sola empresa, sumada a la falta de un proceso licitatorio abierto y transparente, ha alimentado las sospechas de que se podría estar favoreciendo a un grupo económico con intereses particulares.

Torroba concluyó: «Es difícil no pensar que hay un negocio detrás de todo esto, porque no se entiende por qué se arriesga a pagar un costo político tan alto con tantas irregularidades en el procedimiento.»

En un contexto de creciente rechazo social y preguntas sin responder, la administración local se enfrenta a un costo político importante. A medida que la implementación de la RTO avanza, las dudas sobre la equidad, la transparencia y la capacidad operativa de la medida persisten, mientras la ciudadanía sigue a la espera de respuestas claras y soluciones efectivas.

El futuro de la RTO en Santa Rosa aún está por escribirse, pero lo que está claro es que la medida continúa generando más preguntas que certezas.

Inseguridad rural: Robo y matanza de animales en Trenel

1. Robo en establecimiento rural

  • Delincuentes ingresaron a una vivienda en la zona rural de Trenel tras romper un mosquitero, sustrayendo un televisor, bebidas, cubiertos, vajilla y cuchillos.
  • Además, mataron y se llevaron tres porcinos y al menos cuatro ovejas de los corrales.

2. Investigación e identificación del vehículo

  • La Comisaría de Trenel inició una investigación a partir de la denuncia y las imágenes obtenidas del lugar.
  • Se identificó un vehículo color blanco involucrado en el robo, un Chevrolet Corsa modelo antiguo, gracias al análisis de cámaras de seguridad en Metileo, Eduardo Castex y General Pico.

3. Detención del sospechoso y allanamiento

  • El vehículo fue localizado en General Pico y se demoró a un hombre mayor de edad con antecedentes cuando intentaba abordarlo.
  • Se allanó su vivienda en el barrio Carlos Berg, donde se secuestraron prendas de vestir relacionadas con el hecho y un televisor plasma que coincidía con el sustraído.
  • El detenido quedó a disposición de la fiscalía.

Fuente y foto: Infopico.com

Prevenir antes que castigar: Intervención temprana para evitar que jóvenes lleguen al sistema penal.

Encuentro sobre Procedimiento Penal Juvenil: Funcionarios de la Dirección de Niñez de La Pampa se reunieron en Realicó para discutir la implementación de la ley provincial 3353, que regula el procedimiento penal juvenil. El objetivo principal es ordenar las metodologías de trabajo con adolescentes en conflicto con la ley, desde una perspectiva inclusiva y preventiva.

Importancia del Enfoque Comunitario: Los funcionarios destacaron la necesidad de abordar la problemática juvenil desde un enfoque comunitario, involucrando a la sociedad en la búsqueda de alternativas para los adolescentes. Se enfatizó la importancia de ofrecer oportunidades de desarrollo y promover entornos saludables para prevenir delitos.

Intervención Temprana y Trabajo Preventivo: Se subrayó que la intervención temprana y el trabajo preventivo son esenciales para evitar que los adolescentes lleguen al sistema penal. Se instó a fortalecer el trabajo de prevención desde las instituciones sociales, familiares y comunitarias.

En un encuentro realizado en la Municipalidad de Realicó, Gimena Funes, subdirectora general Penal Juvenil de Formación y Promoción Institucional de la Dirección de Niñez de La Pampa, y Federico Camiletti, coordinador del INAUM de la misma subdirección, expusieron sobre la implementación del procedimiento penal juvenil en la provincia y las estrategias para abordar problemáticas relacionadas con adolescentes en conflicto con la ley.

En diálogo con Infotec 4.0, los entrevistados sostuvieron que la ley provincial 3353, que regula el procedimiento penal juvenil en La Pampa, establece un marco normativo que busca ordenar las metodologías de trabajo frente a adolescentes que han cometido delitos. Gimena Funes explicó: «Nuestro rol consiste en acompañar técnicamente a los equipos locales en la implementación de esta normativa. Este procedimiento no solo contempla la aplicación de medidas legales, sino que apunta a la responsabilización del adolescente, trabajando desde una perspectiva inclusiva y preventiva».

Federico Camiletti destacó la importancia de abordar la problemática juvenil desde un enfoque comunitario: «Es fundamental que como sociedad nos planteemos cómo ofrecer alternativas a los adolescentes. Hay que pensar en propuestas que no solo prevengan delitos, sino que promuevan entornos saludables y oportunidades de desarrollo para los jóvenes».

Ambos funcionarios enfatizaron que el trabajo preventivo y la intervención temprana son esenciales. «Cuando un adolescente llega al sistema penal, es porque como Estado hemos fallado en etapas previas. Por eso, debemos fortalecer el trabajo de prevención desde las instituciones sociales, familiares y comunitarias», señaló Funes.

La policía puede intervenir para contener al menor en situaciones de crisis

Sobre cómo actuar en situaciones críticas, como hechos recientes donde menores protagonizaron agresiones con armas blancas, Funes aclaró: «La normativa es clara sobre cómo proceder. La policía puede intervenir para contener al menor en situaciones de crisis, pero es necesario un abordaje integral que involucre a Salud Mental, Desarrollo Social y otros organismos».

Además, Camiletti explicó que la ley 3353 no se enfoca en el castigo punitivo, sino en la reinserción social del adolescente. «Buscamos que los menores reconozcan la gravedad de sus acciones, asuman la responsabilidad y trabajen en su desarrollo personal. Esto puede implicar medidas como la escolarización, capacitaciones o tratamientos psicológicos, dependiendo de cada caso».

Fuente y foto: Infotec